2. Los titulares de riqueza o instalaciones para la prestación de servicios de interés general que impidan o entorpezcan significativamente la ejecución de obras de carreteras, están obligados a su retirada o modificación total y efectiva en el plazo máximo de seis meses a partir de la solicitud del Ministerio de Fomento. Se excluyen de lo anterior las instalaciones para la gobierno, control y vigilancia del tráfico.
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de protección del dominio conocido viario y de sus zonas de protección, las acciones y omisiones que se tipifican en los siguientes apartados de acuerdo con el régimen de responsabilidad que se establece. Estas infracciones se clasifican en muy graves, graves o leves.
6. Son aparcamientos seguros aquellas zonas dotadas de instalaciones destinadas a suministrar el estacionamiento temporal de vehículos, fundamentalmente destinados al transporte, en condiciones de seguridad, ubicadas en la proximidad de carreteras o sus zonas de influencia.
El Servicio de Fomento podrá exigir a los causantes de daños a las carreteras o sus utensilios el resarcimiento del coste de la reparación, con independencia de las sanciones que en su caso puedan corresponderles o, incluso cuando no procedan estas.
Incluso será indemnizable la depreciación originada en las fincas contiguas a carreteras que se construyan o a actuaciones que se lleven a agarradera en las mismas, como consecuencia del menoscabo en el estatuto judicial de la propiedad, incluida la pérdida de edificabilidad reconocida y que no pueda compensarse en otro punto.
En caso de que la travesía no estuviera incluida Interiormente de alguno de los tramos urbanos definidos en el artículo 47, el otorgamiento de autorizaciones en las restantes zonas de protección de la carretera corresponderá asimismo al Ministerio de Fomento, previo crónica del Cabildo correspondiente. El silencio oficinista respecto a las solicitudes de autorización indicadas tendrá siempre carácter pesimista.
Serán nulas de pleno derecho las autorizaciones administrativas y licencias que hayan sido otorgadas contraviniendo los preceptos de la presente clase.
El coste de la retirada o modificación será fijado contradictoriamente entre las partes, menos cuando los capital o instalaciones se encontraran ubicados en la zona de dominio conocido viario, en virtud de autorización en la que se estableciera la obligación para el titular de la misma de retirarlos a su cargo cuando fuera requerido para ello por necesidades del servicio manifiesto de carreteras.
a) Realizar en la zona de restricción a la edificabilidad instalaciones u obras de construcción, reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando puedan ser objeto de legitimación posterior, o cuando no puedan ser objeto de legitimación y se hubieren restituido las cosas a su estado precedente a la infracción cometida sin causar perjuicios posteriores.
Por último, deben destacarse algunas otras novedades que se recogen en el nuevo texto. Son las siguientes:
3. Las carreteras del Estado que vayan a construirse o explotarse en régimen de gestión indirecta se financiarán mediante los bienes propios de las sociedades concesionarias, los ajenos que éstas movilicen en los términos del acuerdo, las subvenciones que pudieran otorgarse y los peajes que en su caso se establezcan.
Las consideraciones expuestas sobre la racionalización de la Nasa y la necesidad de insistir en el control de los accesos a la misma hacían preciso modificar la clasificación de las carreteras, suprimiendo la categoría de las víFigura rápidas y creando la de carreteras employment lawyer multicarril.
by defiantly refusing to win the race as the favourite competitor. Del Cambridge English Corpus There is also the continuing failure of law
No menos importante es la detallada regulación que se hace en la índole de los procedimientos de coordinación entre el planeamiento viario y la orden territorial y urbanística, que deben apropiarse a cabo de forma coordinada para evitar disfunciones posteriores de costosa y difícil corrección en otro caso, a cuyo fin se disponen medidas cautelares de carácter temporal.